Suwita Hani Randhawa
Desde 1945 no se han reconocido nuevos crímenes internacionales. Los acontecimientos en Ucrania podrían cambiar esta situación
Cuando el 6 de junio se conocieron los datos sísmicos que indicaban que la presa de Kajovka, en el sur de Ucrania, podía haber estallado, un ex ministro ucraniano advirtió de que la rotura podía ser el "peor desastre ecológico de Ucrania desde la fusión nuclear de Chernóbil".
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyi, condenó inicialmente en Twitter la destrucción de la presa como un acto de terrorismo ruso, pero desde entonces la ha calificado de "crimen de ecocidio".
Ucrania es uno de los pocos países que reconoce el ecocidio como delito en su legislación nacional. Curiosamente, también lo hace Rusia, que reconoce los delitos ecológicos desde la introducción de un nuevo código penal en 1996.
Según el artículo 441 del Código Penal de Ucrania, el ecocidio es la "destrucción masiva de la flora o la fauna, la contaminación de la atmósfera o de los recursos hídricos, así como la comisión de otras acciones que puedan causar una catástrofe medioambiental". El delito se castiga con "penas de prisión de ocho a quince años".
Sin esa ley, Ucrania no podría enjuiciar los daños medioambientales como ecocidio. De hecho, el reconocimiento jurídico del ecocidio ha permitido a la Fiscalía General de Ucrania iniciar investigaciones urgentes sobre la destrucción de la presa como posible caso de ecocidio. También ha permitido a Ucrania investigar daños medioambientales más amplios derivados de la invasión rusa.
Esta investigación en curso, en la que participan equipos de científicos, conservacionistas, burócratas y abogados ucranianos, ha sido descrita por algunos comentaristas como "el recuento de destrucción medioambiental en tiempos de guerra más detallado jamás realizado".
Pero Ucrania también ha puesto de relieve algo más: la necesidad de una mayor atención internacional al ecocidio. Cuando Zelenskyi anunció por primera vez su plan de paz de diez puntos a los líderes mundiales en la cumbre del G20 celebrada en Indonesia el pasado noviembre, el ecocidio y la protección del medio ambiente ocuparon un lugar destacado.
La defensa por parte de Ucrania de la criminalización del ecocidio puede verse como un intento consciente de proyectar una imagen internacional de Estado concienciado con el medio ambiente. Pero también hay que situarlo al lado de los históricos esfuerzos mundiales para que se reconozca el ecocidio como delito internacional. Estos esfuerzos han cobrado mayor intensidad en los últimos tiempos.
Moneda y divisas
Diplomáticos, científicos y juristas llevan tiempo intentando que se reconozca el ecocidio como delito internacional, inspirándose en lo que consiguió el jurista polaco Raphael Lemkin con el término "genocidio". Lemkin acuñó el término en 1944 combinando la palabra griega genos (que significa raza) con el sufijo latino -cide (matar). Posteriormente convenció a los Estados para que reconocieran el genocidio como delito internacional mediante su codificación, cuatro años más tarde, en la Convención sobre el Genocidio.
En la década de 1970 comenzaron intentos similares de ecocidio, poco después de que Arthur W. Galston, profesor de biología de la Universidad de Yale, acuñara el término. Pretendía describir el sentimiento general de indignación contra la destrucción por Estados Unidos del entorno natural de Vietnam mediante defoliantes y herbicidas químicos durante la guerra de Vietnam.
El no reconocimiento del ecocidio como crimen de derecho internacional parece totalmente desfasado en los tiempos que corren.
Pero los intentos de convertir el ecocidio en un delito reconocido internacionalmente no tuvieron éxito, atribuibles en parte a la política y la dinámica de poder más amplias de la Guerra Fría. En las décadas siguientes, por tanto, el ecocidio no sólo siguió siendo un término carente de significado jurídico, sino que el interés mundial por su tipificación como delito también decayó.
Para entonces, cuatro actos específicos -genocidio, crímenes contra la humanidad, agresión y crímenes de guerra- habían sido reconocidos como crímenes internacionales. Éstos, junto con los Juicios de Nuremberg, representaron algunas de las principales respuestas a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Ampliamente caracterizados como "atrocidades inimaginables que conmocionan profundamente la conciencia de la humanidad" y, por tanto, situados en la cúspide de una jerarquía de delitos atroces, se consideró que estos actos requerían una respuesta global. Los autores de estos cuatro actos específicos son perseguidos y castigados por la Corte Penal Internacional (CPI).
Pero en una época en la que se está produciendo una crisis ecológica mundial y hay fuertes demandas de justicia climática y medioambiental, el hecho de que el ecocidio no se reconozca como delito en el derecho internacional parece totalmente fuera de lugar.
Alto al ecocidio
Por ello, Stop Ecocide International (SEI), centrada en los marcos jurídicos para la justicia medioambiental, está haciendo campaña para que el ecocidio se reconozca como delito internacional.
Al hacerlo, está liderando el esfuerzo global para llevar a cabo lo que puede considerarse como el cambio más radical del derecho internacional en más de 70 años. Para contextualizar, ningún otro acto ha surgido como candidato a la criminalización internacional desde el reconocimiento de los cuatro crímenes internacionales existentes.
La campaña mundial ha logrado avances significativos. Su propuesta de definición jurídica internacional de ecocidio, redactada por un grupo de expertos independientes, es actualmente objeto de debate en los círculos diplomáticos y académicos internacionales. Su propuesta de modificar el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, para incluir el ecocidio también se ha debatido en las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo.
Sin embargo, lo más sorprendente de su campaña son los métodos novedosos y creativos que utiliza para movilizar apoyos. Ha conseguido reunir a diplomáticos, políticos, abogados, líderes empresariales, organizaciones sin ánimo de lucro, grupos indígenas y religiosos, personas influyentes, expertos académicos y otras personalidades. También han encontrado formas únicas de utilizar el arte y la música para amplificar su campaña, en particular ideando instalaciones globales.
Por el contrario, cuando se establecieron crímenes internacionales en el pasado, esto fue encabezado exclusivamente por los Estados y el proceso de reconocimiento global se desarrolló en gran medida a través de negociaciones a puerta cerrada entre diplomáticos.
Entonces, ¿por qué el ecocidio sigue sin ser un delito internacional?
Criminalización internacional
Como investigador centrado en los orígenes históricos de los crímenes internacionales, me interesa especialmente comprender cómo y por qué sólo algunos actos atroces han logrado ser reconocidos como tales.
Los crímenes internacionales no aparecen mágicamente de la nada. Más bien, como todos los hechos sociales, deben ser elaborados y construidos activamente por los actores sociales e imaginados colectivamente en la realidad global a través de una combinación única de activismo en derecho, diplomacia y política.
¿Qué se necesita para ello? Mi investigación ha descubierto que los ingredientes necesarios incluyen un consenso global sobre la definición legal de un acto; la presencia de agitadores globales que presionen activamente para que se criminalice; y la compatibilidad con las prioridades internacionales existentes y el sentimiento global. Como muchos de estos factores ya están presentes, o se están consolidando en el caso del ecocidio, puede considerarse un nuevo delito internacional en ciernes.
Lo que faltaba hasta ahora era un elemento político, un acontecimiento mundial que incitara a los actores globales a creer que la criminalización es la única solución viable. El mundo ha visto catástrofes ecológicas en el pasado -la lluvia ácida, el agujero de ozono, los grandes vertidos de petróleo, el desastre nuclear de Chernóbil-, pero ninguna vino acompañada de estos otros factores políticos.
Queda por ver si las consecuencias medioambientales de la voladura de la presa de Kakhovka provocarán la conmoción política necesaria que dará lugar al reconocimiento del ecocidio como quinto crimen en la política mundial.