El régimen del presidente Vladímir Putin está utilizando las leyes antiterroristas para intensificar la represión en su país y en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. El caso del sociólogo ruso y marxista antibelicista Boris Kagarlitsky es bien conocido. Declarado culpable de la falsa acusación de apología del terrorismo, fue condenado en febrero a cinco años de cárcel.
Pero el caso de Kagarlitsky dista mucho de ser único. Desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia en febrero de 2022, casi 20.000 personas rusas han sido detenidas por actividades antibélicas y un millar han sido juzgadas, principalmente por cargos relacionados con el terrorismo, según el grupo independiente de derechos humanos OVD-info.
Desde principios de año, las autoridades han calificado a 669 personas, sin juicio previo, de “extremistas y terroristas” en virtud de la legislación antiterrorista. Esto eleva el total a más de 14.000 desde 2014, el año en que Rusia comenzó a armar a las fuerzas separatistas en Ucrania y se anexionó Crimea. No es casualidad, pues, como señala Halya Coynash, del Grupo de Protección de los Derechos Humanos de Járkov, que la población tártara de Crimea y los presos políticos ucranianos secuestrados en los territorios ocupados por Rusia constituyan un número significativo de las víctimas de la represión.
Bohdan Ziza, artista ucraniano de Feodosia, fue acusado de terrorismo en mayo de 2022, tras salpicar con pintura azul y amarilla ‒los colores de la bandera ucraniana‒ la puerta del edificio de la administración municipal de Yevpatoria, en Crimea. Por este acto de terrorismo fue condenado a 15 años de cárcel el pasado junio. En otros casos, señala Coynash, los cargos suelen basarse en “supuestas confesiones obtenidas de hombres o mujeres ucranianas secuestradas en sus casas y retenidas en régimen de incomunicación, sin acceso a abogados adecuados”.
Pero las autoridades rusas no sólo persiguen a individuos. El 5 de abril, el Ministerio de Justicia tachó de “agente extranjero” al Movimiento Socialista Ruso (RSD), la primera vez que se incluía en el registro a una organización explícitamente socialista. El Ministerio declaró que la calificación estaba justificada porque el RSD, entre otras cosas, se había “opuesto a la operación militar especial en Ucrania”. Desde entonces, el RSD se ha visto obligado a disolverse, ya que las onerosas restricciones que se le han impuesto impiden que siga funcionando.
Igual de difícil es darse de baja en el registro. Y es que estar inscrito en el registro supone en realidad lanzar una amenaza implícita: abandonar el país o enfrentarse a nuevas represalias. No es extraño, por tanto, que aumente el número de casos judiciales relacionados. En abril, los tribunales rusos tramitaron la cifra sin precedentes de 52 casos de “apología del terrorismo”. Si se mantiene la tendencia, este año se batirá un nuevo récord de casos de este tipo.
Una de las personas en espera de juicio es la estudiante de 18 años Daria Kozyreva. Se enfrenta a cinco años de cárcel por pegar un poema del poeta ucraniano Taras Shevchenko en un monumento.
Las autoridades también saben que, si no están conformes con el veredicto del tribunal, siempre pueden recurrir, y casi con toda seguridad obtendrán un resultado más favorable.
El defensor de los derechos humanos Oleg Orlov dirigió en su día la mundialmente conocida organización Memorial, hasta que fue declarada “agente extranjero” y posteriormente clausurada por no cumplir los onerosos requisitos que se le imponían. Insatisfechas, las autoridades persiguieron al propio Orlov y lo detuvieron en 2023 por “desacreditar repetidamente a las Fuerzas Armadas rusas”, otro cargo habitual aplicado a quienes expresan su oposición a la guerra.
Al igual que Kagarlitsky, fue declarado culpable en octubre, pero solo se le impuso una multa. Entonces, las autoridades respondieron en febrero designando a Orlov “agente extranjero” y haciendo que un tribunal de apelación sustituyera la condena original por una de dos años y medio de cárcel.
Las autoridades también pueden simplemente presentar nuevos cargos, como hicieron con el matemático y preso político Azat Miftájov. Tras cumplir una condena de tres años de cárcel en septiembre, Miftájov fue acusado de “apología del terrorismo” y condenado a otros cuatro años de cárcel en marzo.
Nada de esto parece presagiar algo bueno para Kagarlitksy, que verá su última apelación ante la sala militar del Tribunal Supremo de Rusia el 5 de junio. Pero como señaló Kagarlitsky en una carta abierta desde la cárcel: “En las condiciones actuales, cuando la acción política y la autoorganización en nuestro país se han vuelto extremadamente difíciles, ayudar a quienes piensan como nosotros y están en la cárcel no es solo una actividad humanitaria, sino también un importante gesto político, un acto de solidaridad práctica.”
24/05/2024
Traducción: viento sur